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TIPNIS: La inviabilidad constitucional

 

TIPNIS: LA INVIABILIDAD CONSTITUCIONAL 

Armando Méndez Morales*

Está en vigencia la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada por primera vez  por referéndum y con el 61 por ciento de votos, luego de que incluso diese su visto bueno la oposición al MAS en el anterior Congreso Nacional, cuando no era su atribución. De cualquiera manera ésta es la carta magna a la cual todos los bolivianos, gobernantes y gobernados debemos acatar. La pregunta es: ¿se puede? O conlleva tal cantidad de contradicciones que su implementación se está tornando imposible.

Hoy día el que más y el que menos sabe de la existencia del TIPNIS, que por norma, de un total de veintiuno, está calificada como una área protegida, con una extensión de casi 11 mil kilómetros cuadrados, algo mayor a la reciente nacida República de Kosovo en Europa.

El gobierno del Presidente Morales mantuvo una infranqueable posición de construir el camino desde Trinidad hasta Cochabamba pasando por la mitad de dicho parque, hasta luego de los funestos hechos acaecidos por el ataque brutal de tropas de la policía a los marchistas del TIPNIS, que se encontraban en posición de descanso, rumbo a la ciudad de La Paz.

Ante la tenaz oposición de los indígenas que habitan esa región, que está compuesto por tres pueblos de reducida población, que son: el  Mojeño, Yucaré y Chiman, cuyas lenguas son reconocidas por la CPE como oficiales, Morales sentenció que: “el camino se hace, si o si”, aunque esto implicase incumplir leyes y la propia CPE. Es posible que esa decisión gubernamental estuviese asentada en justificadas razones, una de ellas es la existencia de hidrocarburos en la zona y que deben ser explotados en beneficio de la población boliviana. La otra razón debe ser el interés de los colonizadores, base electoral del partido de gobierno, que quieren avanzar sobre las tierras del TIPNIS con el objeto de su explotación económica. Y debe haber otras más pedestres. Pero no se puede desconocer que la construcción de un camino en esa zona, tarde o temprano destruirá “la selva más hermosa del mundo”.

El sonado asunto del TIPNIS, pone en evidencia la contradicción entre desarrollo económico, proceso nada romántico, y pervivencia de las zonas selváticas naturales. La historia en el mundo demuestra que el desarrollo de la agropecuaria y de toda la actividad económica ha sido a costa de destruir las zonas selváticas naturales. Esto no sólo por la inexorable colonización que se da en las zonas vacías, sino porque sus propios habitantes paulatinamente van destruyendo su hábitat, en la medida que empieza la explotación económica del lugar, la extracción de recursos naturales. En este sentido, el gobierno del Presidente Morales ha denunciado que los propios pobladores originarios del TIPNIS tienen contratos con empresas para la extracción de la madera. Esto lo hacen porque de esta manera a cambio disponen de otro tipo de bienes que de otra manera no los obtendrían.

Pero este hecho, que en otro momento habría sido una de las devastaciones más, hoy no es así, por ciertos antecedentes. Primero, que hay zonas del país que son reconocidas como parques nacionales con el compromiso de mantenerlos incólumes e impedir que el desarrollo económico los destruya, lo que cuenta con el gran apoyo del movimiento ecologista mundial. Segundo, una nueva CPE que reconoce derechos especiales  a los pueblos indígenas. Tercero, el reconocimiento de que Bolivia es un Estado Plurinacional.

¿Bolivia es un Estado Plurinacional o es un Estado Nacional en destrucción? O también caben las preguntas: ¿Estamos en camino hacia un Estado fallido? ¿Enfrentamientos entre naciones? Cuando el gobierno del Presidente Morales cambia el nombre del país a Estado Plurinacional se está destacando que lo fundamental es que se trata de un país con varias/muchas naciones. El hecho del TIPNIS demuestra que no es nada simple concretar un Estado Plurinacional. No se están cumpliendo los artículos 2, 3, 5, 30, 31 y 403 de la CPE. ¿Por qué? Porque no se quiere… o no se puede.

Los ideólogos del MAS, que confusamente apuntalan a construir una “sociedad socialista y comunitaria”, se enfrentan con los gestores gubernamentales quienes, compartiendo esta ideología, sin embargo, al momento de gobernar saben que la centralidad en el manejo del poder político es esencial si realmente se quiere que el Estado juegue el rol motor para construir un nuevo “modelo de desarrollo económico”. Es esta la razón para que en su momento los asambleístas del MAS, en la Asamblea Constituyente, pusieran tenaz resistencia a los planteamiento autonomistas departamentales. Alternativamente apuntalaron a las autonomías indígenas y “ancestrales”, tema que no estaba en la agenda de la preocupación política del país, de entonces, pero ellos consideraron central para la configuración ideológica del Estado Plurinacional.

Se llegó tan lejos al momento de aprobar la CPE, que en su Art. 2 se reconoce la “existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral  sobre sus territorios”, cuando naciones no existían en América en esos tiempos. El territorio que hoy se denomina Bolivia era un espacio vacío. También se les reconoce autonomía, instituciones, justicia comunitaria, consulta previa y el derecho a la “consolidación de sus entidades territoriales”. La justicia comunitaria, no es más que el reconocimiento a los “usos y costumbres” de los denominados “originarios”, en cuanto a la solución de conflictos, cuando, el estudio del Derecho, nos permite saber que en el pasado de toda la humanidad lo que ha reinado ha sido la injusticia. La justicia es un alto valor que buscan las sociedades modernas, es un reto permanente en la modernidad. Venimos del mundo de la injusticia.

El Art. 3 de CPE es complicado porque dice que al interior de la “nación boliviana” están las naciones indígenas El Art. 5.I determina como “idiomas oficiales” a 36 lenguas  adicionales al castellano, aunque esta última es la que casi todos los bolivianos hablamos. ¿Esto quiere decir que a cada lengua hablada en Bolivia le corresponde una nación, por tanto, otra es la nación de quienes hablan sólo el castellano, en consonancia al Art. 30. I donde se define que es nación?

El Art. 30 I indica que “toda colectividad humana, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española,  que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión” es una nación. Considerando el idioma se confirma que la Constitución reconoce 37 naciones en Bolivia; la hispano hablante sería una de ellas. ¿Cómo se llama esta nación? El inciso II de este artículo otorga 18 derechos a las “naciones” y pueblos indígena originario campesino, donde se destacan: “libre determinación y territorialidad”; titulación colectiva de territorios; ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos; y la consulta previa “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas  susceptibles de afectarles”. El inciso 18 de este artículo reconoce el derecho a la “gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio”. Quién sabe a ciencia cierta para certificar los espacios que realmente ocupaban los “pueblos originarios”, antes de la invasión española.

El Art. 31 II señala que las naciones en aislamiento tienen el derecho de mantenerse en esa condición y a la “delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan”. El Art. 403. I reconoce la “integralidad del territorio indígena originario campesino” y la consulta previa cuando se quieran explotar recursos naturales no renovables en “sus territorios”. Aquí el problema central es la delimitación territorial.

¿Cuáles son las naciones existentes en Bolivia y cuáles son sus territorios? Esta reivindicación, de darse, tendrá efectos incalculables.

El TIPNIS puede ser sólo la cabeza del iceberg, como sostiene Erika Brockmann.  ¿Qué se puede esperar si existen –según nos informa ella- 190 Territorios Indígenas Originarios Campesinos (TIOC), que coinciden y se superponen a once áreas protegidas, a 130 municipios y que en 20 áreas protegidas existen 18 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos?

Contrariamente a lo que muchos piensan, la politización y colectivización de un pueblo no es muestra de desarrollo. La esencia de la política es la detentación del poder y su manejo en favor de determinados intereses. Es innegable que en el pasado primero dominó la religión y luego la política. El mundo avanza hacia la imposición de la economía, lo cual quiere decir que el poder se diluye en los mercados y entre miles de millones de acciones y decisiones que toman las personas todos los días en los mercados libres, sin importar la nación a la que pertenecen. Y para que el orden económico se constituya en el fundamental para que la sociedad avance en el camino de vivir mejor, es primordial la delimitación de derechos individuales de propiedad y de todo tipo de derechos. Y esto es un asunto político que debe estar determinado claramente en una Constitución Política del Estado.

Una vez más se comprueba el fracaso de las ideologías revolucionarias en Bolivia, por la sencilla razón de que creen encontrar el camino para el bienestar de la gente desde el mundo de la política, y lo único que se logra pasado el tiempo es comprobar que se sigue en lo mismo, con una nueva elite que recibe los privilegios del poder político. Mientras tanto las leyes económicas siguen funcionado, que son las leyes del mercado. Lamentablemente al margen de un Estado de Derecho.

  

*Miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas

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