Caso. Gustavo Torrico confirmó que Dirk Schmidt trabajó para él y que antes colaboró a otras autoridades, como el ex ministro Alfredo Rada. Ayer cayó el director de Régimen Interior. Las revelaciones hechas por el alemán Dirk Schmidt de haber formado parte activa del Ministerio de Gobierno y que ahora está recluido en la cárcel de Palmasola imputado por el supuesto delito de alzamiento armado, han complicado más al Gobierno, al extremo de que ayer fue destituido el director de Régimen Interior, Edgardo Vásquez. El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en rueda de prensa, confirmó la destitución de Vásquez por haber firmado un memorándum de designación de Schmidt como funcionario de esa cartera de Estado, el 12 de noviembre de 2009. Llorenti, que días atrás acusó a Dirk Schmidt de hacerse pasar como funcionario del ministerio a su cargo, ayer cambió su versión y admitió que autoridades del Ministerio de Gobierno firmaron documentos en los que se contrata los servicios del extranjero. No obstante, recalcó una y otra vez que dichos documentos no tienen carácter legal.

¿Cómo se enroló con el Movimiento Al Socialismo?. Antes de eso yo he trabajado con otros gobiernos como asesor de seguridad hasta que decidí establecerme en Santa Cruz en la zona de Turumatú, en el ingreso a las lomas del Urubó donde anteriormente había comprado tierras baratas y en una parte construí una casa y el resto lo urbanicé y vendí por lotes y me dediqué a criar a mis cuatro hijos y empezamos a realizar trabajos sociales en la zona hasta que el diputado masista Plácido Barrón invitó a mi esposa, Karina Flores, que sea candidata suplente por Porongo en el 2004 y así fue electa. A mí me conocían varios policías por mi trabajo, entre ellos el coronel Edgar Andrade que trabajaba en el Comando de la Policía y lo ayudé cuando los discapacitados intentaron tomar el edificio policial junto con el entonces jefe departamental Wilge Obleas que acabó luego como segundo comandante nacional de la Policía. "Temo que me pase lo mismo que a Eduardo Rózsa”

Vladimir Peña, secretario de Gobierno del Ejecutivo Departamental, confirmó la recepción de dos citaciones por el juicio por desacato interpuesto por el vicepresidente Álvaro García Linera y el fiscal Marcelo Soza al gobernador Rubén Costas. Según Peña, la máxima autoridad departamental debía presentarse este jueves en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), pero por su viaje a Salta no podrá asistir. “Mandaremos una representación legal y coordinaremos los próximos pasos a seguir para cuando vuelva el gobernador”, sostuvo Peña al pedir un proceso justo respetando las garantías constitucionales. El gobernador Rubén Costas se encuentra en la ciudad argentina de Salta acompañando a un grupo de empresarios bolivianos que celebran el Día de Santa Cruz en Salta, a propósito de generar un fluído intercambio de negocios y promover inversiones entre ambas regiones.

El fiscal Carlos Pelaez afirmó que el gobernador del Beni, Ernesto Suárez, podría ser sometido a una audiencia de medidas cautelares en el transcurso de esta semana. “Una audiencia de medidas cautelares tiene que hacerse lo más inmediatamente posible. Yo creo que en el transcurso de esta semana vamos a tener la audiencia respectiva en la Corte de Justicia del Beni, señaló. La Fiscalía de Distrito del Beni imputó de manera formal al gobernador Ernesto Suárez por haber convocado, administrado y ejecutado el cuestionado referendo autonómico de 1 de junio de 2008, en el que se gastó 3.319.060 bolivianos de los recursos públicos destinados a la región. El gobernador del Beni es acusado por los presuntos delitos de malversación, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Los cívicos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, decidieron ayer exigir al Gobierno nacional modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE) y anunciaron cabildos departamentales para agosto. “Se determina elaborar una propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado, en lo relativo al régimen autonómico, como única posibilidad de otorgar a los bolivianos un régimen autonómico real y acorde a la voluntad popular del pueblo boliviano expresada en las urnas”, manifestaron. Los cívicos lamentaron que las autoridades políticas del país a través de la Constitución Política del Estado, elaborada inicialmente en la Asamblea Constituyente y modificada y aprobada en el Congreso de la República, redactaron un régimen de autonomías distinto al proceso iniciado desde la sociedad civil, una autonomía centralizada y controlada por el Gobierno nacional.

El paro de los trabajadores municipales y el del Comité Cívico Potosinista suspendió hasta la siguiente semana la sesión del Concejo Municipal de Potosí. En la cita se debía definir la suspensión o no del alcalde René Joaquino, acusado de daño económico a la comuna por la compra de vehículos usados, el 2007. Los concejales instalaron, el martes, la sesión en la que se daría lectura al informe de la Comisión Jurídica respecto a la suspensión de Joaquino. Sin embargo, decenas de militantes de Alianza Social (AS) tomaron el ambiente e impidieron que continuara el informe. El presidente del Concejo, Remberto Gareca, convocó a la reinstalación de la sesión ayer por la tarde, pero esta vez, los concejales ni siquiera pudieron ingresar a las oficinas de la Alcaldía. Los trabajadores municipales, en apoyo a Joaquino, cumplieron un paro de 24 horas y todas las puertas de las oficinas municipales se encontraban cerradas. El concejal llamó a un Notario de Fe Pública para certificar que los 11 legisladores estaban ausentes y que por “razones de fuerza mayor” no pudieron sesionar en el Concejo.

Todo tránsito aduanero de mercancías que requiera de autorizaciones previas o certificaciones (productos agropecuarios, agroquímicos, heladeras, automóviles usados, combustibles y cientos de productos alimenticios) no podrá ingresar a partir de la fecha a las 14 zonas francas del país. La orden fue emitida por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), que señala, en el marco de sus competencias y atribuciones y sobre la base de las disposiciones emanadas del Decreto Supremo 470 del 7 de abril de 2010 en su artículo 34 (ingreso de mercaderías) que “todos los usuarios de las zonas francas del país no deben autorizar tránsitos aduaneros de este tipo de mercancías desde la presente fecha para el transporte por carretera”. Asimismo, fija un cronograma que establece que a partir del 2 de agosto también están prohibidos los tránsitos aduaneros por vía férrea, mientras que para los de vía aérea se fija desde el 4 de agosto.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, desestimó nuevamente el concurso de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que tachó de pro “imperialismo norteamericano”, para la solución de conflictos continentales, como el colombiano venezolano que tratará el jueves en Quito la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), durante una rueda de prensa que ofreció el jueves junto al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, en la ciudad de Cochabamba. Además, reiteró sus críticas a su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe, a quien llamó “chapulín (especie de saltamontes) colombiano” y le acusó de ser un representante del imperio, en alusión a Estados Unidos.

La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, entró en vigor hoy aunque sin sus secciones más polémicas, después de que la jueza federal Susan Bolton ordenara ayer su bloqueo. La medida representa una victoria para los críticos de la medida, que alegan que esa ley puede conducir a la discriminación racial, y para el gobierno de EEUU, cuyo Departamento de Justicia interpuso una de las siete demandas pendientes contra esa norma. Pero la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, que promulgó la ley el 23 de abril, ya ha indicado que apelará contra el bloqueo, lo que promete abrir una larga batalla legal. La orden de ayer “es un pequeño obstáculo en el camino”, indicó la gobernadora, que consideró que la sentencia “da la venia de los tribunales al gobierno para no hacer su trabajo” de lucha contra la inmigración ilegal.

La auditoría ordenada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP) a AeroSur revela que la aerolínea privada cometió faltas al Código de Comercio. La compañía tiene 15 días de plazo para presentar sus pruebas de descargo antes de ser sancionada. “Es viable proceder con la notificación con cargos contra AeroSur por las posibles omisiones e incumplimientos al Código de Comercio en su contenido normativo, en sus artículos 25, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 47, 51, 52, 54, 331, 332 y 335”, señala la Resolución Administrativa emitida por la AEMP el 21 de julio del presente año. Entre las posibles faltas, el documento —al que accedió La Razón— indica que “se ha verificado presunto incumplimiento a convocatoria de Junta de Accionistas para el tratamiento de Memorias Anuales y su consiguiente inscripción. De igual manera, no existe constancia de actualización de matrícula, gestión 2008, hasta el 30 de noviembre del 2009.